Panamá es un país con una biodiversidad impresionante y una fauna que incluye varias especies de serpientes venenosas. Entre estas se destacan las Bothrops asper —conocida popularmente como terciopelo— y algunas especies de corales y víboras. Sin embargo, a pesar de la presencia de estos animales, Panamá no ha logrado desarrollar una producción nacional de antivenenos, una herramienta esencial para salvar vidas en caso de mordeduras. La pregunta surge de manera natural: ¿por qué un país con acceso a estos recursos no produce su propio antiveneno?
Dependencia de Costa Rica y los estándares internacionales
El profesor Víctor Martínez, especialista en toxinología, explicó que la situación tiene varias causas. Una de las más importantes es el enfoque tradicional de Panamá de replicar lo que hacen otros países. Según Martínez, muchos toman decisiones sin estudiar las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estas instituciones señalan que el antiveneno producido por la Universidad de Costa Rica es el estándar regional, ya que su producción cumple con altos niveles científicos y abarca una diversidad de especies que incluyen las presentes en Panamá y en el resto de Centroamérica.
Panamá no enfrenta el mismo desafío que Costa Rica, Colombia o Venezuela, que deben lidiar con serpientes como cascabeles y Agkistrodon, especies que no existen en territorio panameño. En consecuencia, producir antiveneno localmente implicaría invertir millones de dólares en un proceso costoso y complejo que ya se realiza con éxito en la región.
Los desafíos técnicos de producir antivenenos
Martínez detalla que la producción de antivenenos requiere un equipo interdisciplinario. Médicos veterinarios recién graduados deben ser capacitados específicamente para este fin, dedicando su carrera exclusivamente a la producción de antivenenos. Se necesitan caballos seleccionados, mantenidos bajo estrictas condiciones de alimentación y salud, que puedan tolerar la extracción de grandes cantidades de sangre después de ser inmunizados con dosis controladas de veneno. Esto es fundamental porque la sangre de estos animales se procesa para obtener los anticuerpos que neutralizarán el veneno en humanos. A este equipo se suman microbiólogos, químicos orgánicos y químicos analíticos, lo que aumenta exponencialmente los costos y la complejidad del proyecto.
Una propuesta no escuchada
El profesor Martínez propuso una alternativa viable: que Panamá pudiera extraer sus propios venenos y enviarlos parcialmente procesados a Costa Rica, donde se produciría un antiveneno específico para las especies locales. Esta propuesta permitiría reducir costos, eliminar improvisaciones y minimizar riesgos, garantizando un producto adaptado a las necesidades del país. Sin embargo, según el experto, las autoridades sanitarias nunca recibieron su propuesta. Intentó reunirse con ministros, viceministros y directores durante quince días, sin éxito. El motivo, explicó, se relaciona con intereses comerciales en la importación de antivenenos, muchos de los cuales no son siquiera efectivos para las especies panameñas.
El problema de los antivenenos importados
El problema de depender de antivenenos importados se evidencia en las etiquetas de algunos productos. Martínez mencionó que un antiveneno mexicano indicaba neutralizar el veneno de una larga lista de víboras con nombres diferentes, todos correspondientes a una sola especie presente en Panamá: Bothrops asper. Esto refleja la falta de polivalencia real y evidencia que el país adquiere productos que no siempre cumplen con las necesidades locales. Incluso se importan antivenenos de Australia y Estados Unidos, aumentando costos sin mejorar significativamente la eficacia en el tratamiento de mordeduras.
La importancia de la soberanía científica
La consecuencia directa de esta situación es que Panamá sigue dependiendo de productos externos, mientras que la población está expuesta a riesgos evitables. El país podría contar con antivenenos adaptados a su biodiversidad, pero la combinación de falta de inversión, poca prioridad institucional y negocio en la importación ha frenado cualquier iniciativa seria. Para Martínez, este es un claro ejemplo de cómo la gestión de la salud pública puede verse afectada por intereses económicos, incluso en temas de vida o muerte.
En resumen, la falta de producción nacional de antivenenos en Panamá se debe a factores económicos, logísticos y de política pública, no a una imposibilidad técnica. La inversión necesaria es significativa, pero existen alternativas, como la colaboración regional, que podrían adaptarse a las necesidades del país. Mientras esta situación no cambie, Panamá seguirá dependiendo de importaciones que no siempre cumplen con los requerimientos locales, dejando al país vulnerable frente a un riesgo prevenible.
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